La Policía Federal de Brasil detuvo a 10 miembros del Congreso de los Diputados de la ciudad de Río de Janeiro acusados de corrupción

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El secretario de Gobierno de RJ, Affonso Monnerat, llega a la sede de la Policía Federal

La Policía Federal cumplió este jueves en la ciudad de Río de Janeiro 22 órdenes de detención contra sospechosos de participar en un esquema de corrupción liderado por el ex- gobernante Sérgio Cabral, preso desde 2016 por diferentes delitos de corrupción. En los últimos años, los miembros del Congreso de los Diputados estatales de Río y otras 12 personas -entre ellas, un miembro del Congreso de los Diputados federal escogido este año, un secretario de Gobierno y un ex- presidente del Detran-RJ (Departamento de Tráfico del Estado de la ciudad de Río de Janeiro), son blancos de la Operación Furna de la Onza, desdoblamiento de la Cadena Vieja, en el campo de la investigación Lava Jato.

Según el expediente del caso, “la organización delictiva encabezada por Cabral” pagaba una coima mensual a miembros del Congreso de los Diputados estatales a cambio de apoyo.

De pacto con la procuradora Renata Ribeiro Baptista, las coimas variaban desde USD cinco.000 hasta USD 240.000. Lava Jato notificó que el esquema movió más de USD 14,5 millones desde la administración de Cabral, incluyendo sobreprecios de contratos de obra pública.

Alrededor del mediodía, 20 de los 22 ordenes de cárcel ya habían sido cumplidos, incluyendo 3 contra miembros del Congreso de los Diputados que se hallaban detenidos. Las cárceles fueron determinadas por el Tribunal Regional Federal de la 2ª Zona tras resolución unánime de 5 desembargadores que componen la 1ª Sección Delincuente del TRF2.

Gabinetes de Alerj (Reunión Legislativa de la ciudad de Río de Janeiro) y el Palacio Guanabara, sede del gobierno del estado, fueron rastreados esta mañana por la Policía Federal. Asimismo se cumplen 47 ordenes de busca y aprehensión en más de 40 direcciones. Conforme el Ministério Público Federal (MPF), la operación estudia la participación de miembros del Congreso de los Diputados estatales de Río en esquemas de corrupción, lavado de dinero y loteo de cargos públicos y mano de obra tercerizada, primordialmente en el Detran del estado.

El actual presidente del Detran, Leonardo Silva Jacob, y su precursor Vinícius Farah, recién escogido miembro del Congreso de los Diputados federal por el MDB, asimismo son buscados por la policía. Ellos son los únicos blancos de mandos de cárcel que todavía no han sido localizados por la policía.

Entre los presos está Affonso Monnerat, secretario de Gobierno de Luiz Fernando Pezão (MDB) y responsable de la interlocución entre Alerj y prefecturas. Asimismo es quien se encarga de la articulación entre el gabinete del gobernante y las segregarías de estado.

De los diez miembros del Congreso de los Diputados, 7 son blancos de orden de arresto por vez primera. Jorge Picciani, ex- presidente de Alerj, Edson Albertassi y Paulo Mello, todos del MDB, ya habían sido detenidos en el mes de noviembre del año pasado en la Operación Cadena Vieja.

Los 3 tienen órdenes de cárcel precautoria sin plazo. Picciani pasó a cumplir arresto domiciliario por motivos de salud el 28 de marzo, tras la resolución del STF (Supremo Tribunal Federal). Albertassi y Mello están presos en Bangu.

Los otros 19 objetivos de la operación tuvieron la cárcel temporal (por hasta 5 días) decretada.

De los otros siete miembros del Congreso de los Diputados con orden de detención, cinco fueron reelectos este año: Andre Correa (DEM), Chiquinho da Mangueira (PSC), Marcos Vinícius Vasconcelos Ferreira (PTB), Luiz Martins (PDT) y Marcos Abrahão (Avante).

Coronel Jairo (Solidariedade) y Marcelo Simão (Partido Popular) fueron aspirantes mas no lograron la reelección.

“Conforme con las investigaciones, la ‘coima’ [pagada a los diputados] era resultado de sobreprecio de contratos estatales y federales. De forma ilegal, los parlamentarios se favorecían todavía con el loteamiento de cargos en diferentes organismos públicos del estado, donde podrían asignar mano de obra comisionada o bien tercerizada “, afirmó la PF en un comunicado.

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