Expulsan a Luis Manuel Otero de su estudio en La Habana por presión de autoridades

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Luis Manuel Otero (Ñandutí Digital)

MIAMI, USA.- La presión del régimen cubano ha provocado que el Centro Comunitario Pilar-Atarés, en el ayuntamiento capitalino Cerro, expulsase del taller al artista Luis Manuel Otero Alcántara, uno de los promotores más activos en la campaña contra el Decreto 349. De este modo lo publicó el propio Alcántara en su cuenta de la red social Fb.

“Por presión del Gobierno, el Centro Comunitario Pilar-Atarés decidió cerrar el contrato y expulsarme de mi estudio en mi natal Cerro”, publicó el artista, y conforme su pareja, Yanelys Núñez Leyva, historiadora de arte, “el local donde trabajaba pertenece a un centro comunitario, y esos lugares no son para los vecinos de un distrito, son para los que se portan bien. Más de su hipocresía”, denunció.

Otero Alcántara, Núñez Leyva y otros 2 activistas ya habían sido detenidos la semana pasada para impedir una acción de meditación convocada en 23 y G, en La Habana, en la propia campaña contra el Decreto 349.

Esto confirma que las autoridades del régimen han arreciado la opresión contra todos aquellos artistas que fomentan la iniciativa contra la ley que criminaliza el arte independiente en Cuba.

Amnistía Internacional (AI) expresó su preocupación en el mes de agosto pasado por el hecho de que las detenciones de artistas en Cuba sean una mala señal de la política cultural de la administración del gobernante Miguel Díaz-Canel.

La organización recordó que el Decreto 349, uno de los primeros firmados por Díaz-Canel en el mes de abril y que va a entrar en vigor en el mes de diciembre, ha provocado quejas de artistas independientes en el país, los que han sido perseguidos, golpeados y detenidos muy frecuentemente.

Al respecto, Otero Alcántara y otros artistas que se oponen a la regulación han citado a reunirse de forma pacífica frente al Ministerio de Cultura desde el tres de diciembre hasta el siete de diciembre, días en que se hace eficaz la normativa.

El 349 establece castigos contra quien autorice o bien deje servicios artísticos que no hayan sido “aprobados y contratados por la corporación cultural a que corresponda”, penaliza a quien “como artista individual o bien actuando en representación del colectivo a que pertenece, brinde servicios artísticos sin la autorización de la entidad que corresponda”, y a quien “preste servicios artísticos sin estar autorizado para ejercer tareas artísticas”.

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