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América Latina

Por tercera vez solicitaron eliminar los fueros por delitos electorales al presidente de Guatemala, Jimmy Morales

El pedido fue realizado por la fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Inmunidad. Habría recibido unos dos millones de dólares de forma ilícita

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El presidente de Guatemala, Jimmy Morales

La fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICG) solicitaron el viernes que se retire la inmunidad al presidente guatemalteco Jimmy Morales por tercera ocasión para poder estudiarlo por delitos de financiamiento electoral ilícito del partido que lo llevó al poder en 2016.

Un funcionario de la Corte Suprema de Imparcialidad que solicitó el anonimato por no estar acreditado a dar declaraciones confirmó a The Associated Press que un supremo recibió la petición de la fiscalía y la CICIG.

Las autoridades acusan a Morales de deber recibido en 2015 cuando menos un millón de dólares por la parte de empresarios como aporte a la campaña electoral del partido oficial Frente de Convergencia Franquista (FCN-Nación), que al no ser notorio por Morales -en aquel momento secretario normal y representante lícito de partido- se habría transformado en el delito ya señalado.

En total, el financiamiento electoral ilegal en el que habría incurrido FCN-Nación alcanzaría un par de millones de dólares americanos.

Esta no es la primera vez que ambas instituciones piden el retiro de la inmunidad de Morales. La primera fue en el mes de agosto de 2017 cuando se anunció la primera una parte de una investigación por exactamente la misma situación. En aquel momento se determinó que los representantes legales del partido de Morales infringieron la obligación de rendición de cuentas al Tribunal Supremo Electoral (TSE) escondiendo más de un millón de dólares americanos. Y si bien la Corte Suprema de Imparcialidad (CSJ) dio trámite al caso, el Congreso resguardó al líder y no consiguió los votos precisos para dejarlo sin inmunidad.

La segunda petición ocurrió exactamente el mismo año luego de que se determinase que por 9 meses recibió un sobresueldo por la parte del ejército por unos 61.000 dólares, efectivo que debió devolver. En aquel instante la CSJ se negó a dar trámite al caso.

La campaña de Jimmy Morales

La campaña de Jimmy Morales

La tercera petición, hecha este viernes, fue remitida a un supremo que va a deber trasladarlo a la CSJ, que por su parte va a deber examinarlo y atreverse si le da trámite. De ser de este modo debería mandarse al Congreso a fin de que este de nuevo tome una atrevimiento.

Las 2 primeras peticiones fueron impulsadas por la entonces fiscal normal Thelma Aldana -reconocida a nivel internacional por sus sacrificios para confrontar la corrupción en Guatemala-, mas este es el primer caso de detención perfil de la nueva encargada de intentar honestidad, María Consuelo Porras, elegida por exactamente el mismo Morales y luego ratificada por el Senado.

La investigación que sosten esta tercera petición apunta que el efectivo fue entregado al partido mediante la compañía Novaservicios S.A. para el cuota de fiscales electorales de FCN-Nación a fin de que vigilaran las mesas electorales mientras las elecciones de 2015, los que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE), conforme afirmó a la AP una persona con conocimiento del caso que asimismo solicitó el anonimato puesto que todavía no se ha efectuado un anuncio oficial sobre esto.

Iván Velásquez, titular de la CICIG, ha dicho en retiradas ocasiones que “el financiamiento electoral ilegal es el pecado llamativo de la democracia”.

Morales siempre y en todo momento ha inhábil los cargos y ha dicho que las investigaciones en contra suya son injustificadas o bien son ataques políticos. Además ha contraatacado a quien procura estudiarlo.

En agosto de 2017, luego de que se pidiera el primer retiro de su inmunidad, el líder procuró expulsar del país a Velásquez, mas la Corte de Constitucionalidad lo detuvo. Morales sostiene a través der su canciller una petición incesante a Naciones Unidas de retirar a Velásquez del cargo.

Sonia Pérez D. para Associated Press

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América Latina

Las mafias del tráfico de drogas aumentaron la tasa de homicidio en C. Rica

En 2017, el país, reconocido por su estabilidad institucional y su atractivo turístico, superó el récord de homicidios denunciados. Y 2018 parece ir en la misma dirección creciente

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En los últimos años la violencia en C. Rica aumentó como consecuencia del narcotráfico.

En Centroamérica, C. Rica es un país muy distinto, conocido por su estabilidad institucional, su funcionamiento sin ejército, sus bellezas naturales (de playas a volcanes), su futbol y su turismo complejo. La violencia que se ha vivido y se vive en Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala parecía impracticable. Sin confiscación, en 2017 superó el récord de homicidios denunciados, con 603 asesinatos, o bien 12,1 por 100.000 habitantes.

“Y 2018 no pinta mejor”, advirtió una investigación de InSight Crime. ¿La razón? “La creciente violencia, generada por conjuntos delincuentes locales que se encaran por el control de los mercados nacionales de las drogas”.

En impresión, la primera medio contó 302 homicidios, conforme registros del Organismo de Investigación Legislativo (OIJ): en verdad, es una cantidad superior a la registrada en los 6 primeros meses del año antecedente. Las estimaciones oficiales proyectan un nuevo récord para 2018: 625 homicidios.

Además de ser un país de tránsito de drogas, tiene un mercado local que manejan mafias.

Adicionalmente de ser un país de tránsito de drogas, tiene un mercado regional que manejan mafias.

Entre las explicaciones al incremento de la violencia, la investigación de Bjorn Kjelstad, Deborah Bonello y Juan Diego Posada identificó temas como “la creciente fragmentación del hampa, una veterano presencia de armas y el nuevo papel del país en el plano de las drogas a nivel regional”.

Costa Rica fue un punto para el trasbordo de la coca que se traficaba desde Colombia en dirección a E.U. y Europa. Mas las bandas locales que resguardaban y transportaban los cargamentos empezaron a cobrar en coca, y la circulación de la substancia aumentó en el paraje. Con los años se creó un mercado tico, y las bandas empezaron a competir por su control.

“En promedio, los conjuntos locales pueden conseguir entre USD dos.000 y USD tres.000 al día en una plaza”, citó InSight Crime al ministro de Seguridad Pública de C. Rica, Michael Soto. “Sin confiscación, muchos conjuntos controlan hasta 5, 6 o bien 7 puntos de traspaso de drogas”.

Un lugar reconocido por su atractivo turístico comenzó a sufrir un aumento de los homicidios.

Un ocupación comprobado por su atrayente turístico empezó a padecer un incremento de los homicidios.

El gobierno se ha centrado en perseguir a los líderes de esos conjuntos locales. Mas un impresión secundario indeseado ha sido la fragmentación y el incremento de “la violenta competencia por los mercados”. InSight Crime ofreció el ejemplo del arresto, en 2012, de Entorno Antonio Zamora Solórzano, uno de los primordiales narcotraficantes del país, que había controlado mientras años la parte sur de la urbe de San José: tras su detención, la estructura delincuente que Zamora Solórzano había desarrollado se rompió en diferentes conjuntos que empezaron a competir por quedarse con el control de la haber y en 2013 hubo un incremento de la tasa de homicidios.

El poder de los narcotraficantes no acaba cuando llegan a la mazmorra: ciertos “han conseguido dirigir actividades de tráfico de drogas a nivel regional, como el homicidio de sus contrincantes, desde el interior de las cárceles”, ilustró Kjelstad. De este modo lo hizo Leonel Mora Núñez, quien administró la distribución y ordenó diferentes homicidios desde su arresto en 2009, y todavía Luis Donosura Martínez Fajardo, “quien sigue dirigiendo actividades delincuentes en C. Rica desde una cárcel nicaragüense”.

El ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Michael Soto.

El ministro de Seguridad Pública de C. Rica, Michael Soto.

Se comprobó, de modo concurrente, una veterano presencia de armas en la sociedad. “No está claro de dónde proceden, mas hay un esencial flujo de armas a través del corredor centroamericano a consecuencia de las guerras civiles”, afirmó Walter Espinoza, directivo del OIJ, a la publicación experta en la violencia en Centroamérica. Se piensa que el tráfico de armas se debe a redes vinculadas con México, Colombia y Panamá.

Para confrontar el inconveniente, el gobierno costarricense va a aplicar una logística complementaria a la detención de los grandes traficantes: una iniciativa de seguridad pública basada en la experiencia de Medellín, en Colombia. Se manejo del software “Sembremos seguridad”, que procura unir los sacrificios de las fuerzas federales y las municipales, adicionalmente de destinar medios a la prevención.

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Denuncian al régimen de Daniel Ortega por el rapto de un consultor de la Conferencia Obispal de Nicaragua

Carlos Cárdenas fue raptado este lunes en su casa, a las afueras de Managua, por grupos paramilitares, según informó su esposa Lisette Galeano

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Leopoldo Brenes, secretario normal de la Conferencia Obispal de Nicaragua (EFE/Jorge Torres)

El régimen de Daniel Ortega no cesa los actos de violencia contra la población nicaragüense. Este lunes fue secuestrado el consultor constitucional de la Conferencia Obispal de Nicaragua (CEN), Carlos Cárdenas,  en una nueva embestida de las fuerzas sandinistas contra el clero.

Lisette Galeano, esposa de Cárdenas, denunció que su marido fue raptado en su casa, en las extramuros de Managua, por un agrupación de paramilitares.

Cárdenas estaba en su residencia contiguo con su esposa y su hija de 10 años, cuando un agrupación de paramilitares, encapuchados, lo forzaron a irse con ellos, bajo amenaza de matar a la pupila si se negaba, narró Galeano.

La demanda del secuestro se da en la mitad de una crisis que ha dejado cientos y cientos de fallecidos, la más sanguinolenta desde los años de 1980, incluso bajo la presidencia de Ortega.

La CEN actúa como mediadora en el diálogo franquista para exceder la crisis entre la Coalición Civil y el régimen sandinista, quien ha descalificado al clero, al que acusa de respaldar un supuesto “ataque de Estado”.

Carlos Cárdenas es asesor legal de la Conferencia Episcopal

Carlos Cárdenas es consultor constitucional de la Conferencia Obispal

El clero católico nicaragüense ha sufrido diferentes agresiones, tanto verbales como físicas, desde el instante en que los obispos pidieron al presidente superar para marzo de 2019 las elecciones de 2021, para dar salida pacífica a la crisis.

“Me dolió que los señores obispos tuviesen esa porte de golpistas”, manifestó Ortega el 19 de julio, mientras la celebración del aniversario 39 de la revolución de Nicaragua.

A fines de julio pasado el cardenal Leopoldo Brenes advirtió que la Iglesia católica estaba padeciendo prosecución por cascar las puertas de sus parroquias a fin de que los heridos en quejas contra Ortega -civiles o bien policías- fuesen atendidos, o bien por el hecho de que los sacerdotes andaban fielmente entre las balas para impedir muertes.

La religión católica es la más seguida en Nicaragua, con un 58,5 por ciento de una población de seis con tres millones de habitantes.

La Iglesia también ha sido víctima de la violencia del régimen de Ortega (La Prensa Nicaragua)

La Iglesia incluso ha sido víctima de la violencia del régimen de Ortega (La Prensa Nicaragua)

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Parada Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al régimen de Nicaragua de “asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias”, lo que Ortega ha obtuso.

Las quejas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, empezaron el 18 de abril pasado por unas erradas reformas de la seguridad social y se transformaron en una demanda de renuncia del líder, luego de 11 años en el poder, con acusaciones de injusticia y corrupción.

Con información de EFE

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Condenaron a 2 pandilleros a 285 años de cárcel por exterminamiento en Honduras

De acuerdo con la legislación penal hondureña, los reos pasarán un máximo de 30 años en prisión

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El crimen ocurrió en la barrio de Tegucigalpa

Un tribunal de Honduras condenó a 2 pandilleros a 285 años de prisión por la exterminamiento de 7 personas en 2014, como robo y asociación ilegal, notificó el Profesión Notorio del país centroamericano.

El Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa impuso una pena de 27 años de cárcel a Brayan Leonel Ordóñez y Héctor Manuel Pineda, miembros de la pandilla 18, por cada uno de ellos de los homicidios, señaló el Profesión Notorio en un comunicado.

Por esta exterminamiento los únicos detenidos y condenados son Ordóñez y Pineda, en cuya condena incluso se incluye una pena de 69 años de cárcel por homicidio en su división de ejecución de tentativa, 17 por asociación ilegal y 10 por adquisición de transporte robado.

La matanza fue perpetrada el nueve de agosto de 2014 en una barrio de Tegucigalpa, la caudal hondureña.

Según las autoridades, los 2 pandilleros llegaron a la zona buscando a 2 de las víctimas -hermanos menores-, por el hecho de que pensaban que miembros de una pandilla contrincante.

Los 2 hermanos y las otras 5 víctimas estaban conversando en las proximidades de un negocio de liquidación de bebidas alcohólicas, cuando los pandilleros les dispararon.

Los fallecidos fueron identificados como los hermanos Héctor David y Maicol Josué Álvarez Pineda; Óscar Sánchez Rodas, Lorenzo Fresco Lara, Fidencio Mejía, Pedro Pastor Andino García y José Alonzo Lezama.

Según investigaciones de las autoridades, ninguna de las víctimas “era parte de la (pandilla) Mara Salvatrucha (MS)”, agrega la información oficial.

Honduras registra una medida de diez asesinatos diariamente, conforme las autoridades locales, que atribuyen una buena parte de los índices de criminalidad que afectan al país a las pandillas.

Los pandilleros incluso son responsables de otros delitos como la perturbación a transportistas y pequeños y medianos empresarios, entre otros muchos campos, conforme registros de las autoridades hondureñas.

Con información de EFE

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