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Honduras

Altas eferas hondureñas en una dura batalla contra la corrupción

Los legisladores hondureños dieron carpetazo a esa investigación primaria y la Maccih subsistió

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Desde que la Labor de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) anunció una investigación abarcadora contra los legisladores del país, el año pasado, ha recibido distintos ataques de los funcionarios a los que se supone que debe investigar.

Los legisladores hondureños dieron carpetazo a esa investigación diferente y la Maccih subsistió, difícilmente, a una recusación del tribunal.

Ahora, otra investigación a gran escalera prueba aquello con lo que los legisladores estaban tan preocupados. La investigación, anunciada el 13 de junio y famosa como el caso Pandora, presenta acusaciones contra 38 políticos y funcionarios.

La investigación describe un plan para desviar fondos gubernativos para el gobernante Partido Franquista a lo largo de la campaña electoral de 2013. Entre los funcionarios citados en la investigación se hallan exministros de gobierno, miembros de stop rango del partido del presidente Juan Orlando Hernández y al cuñado de este. Conforme con la investigación, aun el disidente Partido Magnífico recibió fondos desviados.

No solo es el resultado de esta investigación lo que está en conjunto, sino más bien aún la supervivencia del víscera utilizado como el freno más poderoso a la mala conducta de los funcionarios públicos en Honduras, donde la corrupción está de manera profunda arraigada.

Guatemala es el único otro país con una utensilio anticorrupción comparable, la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (Cicig), que ha resultado ser un indagación internacional único. La Cicig, un clan estudioso de fiscales internacionales apoyados por las Naciones Unidas, ha señalado a 4 expresidentes desde el instante en que se estableció hace más de una plazo. A lo largo de semanas en 2015, los hondureños efectuaron “marchas de las antorchas” para demandar que se estableciese una interpretación de esta comisión en su país.

“Me semeja que si no se deja que el caso avance en el tribunal anticorrupción, como es oportuno, se correría un riesgo político muy ilustre”.

MELISSA ELVIR CHÁVEZ, ABOGADA

Cuando la Cicig acusó al expresidente Otto Pérez Molina de orquestar un desfalco aduanero en 2015, eso forzó su renuncia y fue puesto en cárcel, donde sigue; esa es una de las razones por las cuales los legisladores hondureños les preocupa que haya una investigación afín en su demarcación.

Al anunciar los detalles de una nueva investigación, los fiscales de la Maccih han presentado un reto al gobierno y a sus aliados en el Congreso: si hacen a un costado este caso, como ocurrió con la investigación preliminar, los hondureños seguramente alcancen su punto de quiebre.

“Es clarísimo que la comunidad está harta”, afirmó la letrada Melissa Elvir Chávez, de la Fundación Democracia sin Fronteras. “Me semeja que si no se deja que el caso avance en el tribunal anticorrupción, como es oportuno, se correría un riesgo político muy ilustre”.

En el primer caso de la Maccih, presentado en el último mes del año, los fiscales acusaron a 5 exlegisladores de desviar recursos de un fondo de alivio singular al que pueden permitir los miembros del Congreso de los Diputados para sus distritos. En un plazo de semanas, el Congreso votó poner un stop a cualquier investigación penal de ese fondo que se remonte a 2006, y un togado desechó el caso.

Se aplazamiento que la Corte Suprema de Honestidad hondureña resuelva una apelación de ese intento del Congreso de defenderse de procesamientos.

El jefe de la Maccih en aquel instante, el ex- primer ministro peruano Juan Jiménez Decano, renunció al argüir que la Estructura de Estados Americanos (OEA), que creó la labor, no lo había apoyado en sus diferencias con el gobierno.

Policías antimotines fuera de un edificio ministerial en la caudal hondureña, Tegucigalpa, más tarde de que participantes de la manifestación le prendiesen fuego a lo largo de una queja en mayo para demandar la renuncia de Hernández.CreditOrlando Sierra/Agence France-Presse — Getty Images

En mayo se dio un nuevo alocución. Un parágrafo en un desatino confuso de la Corte Suprema pareció limitar la capacidad de la Maccih para cooperar con la nueva pelotón anticorrupción de fiscal genérico.

La propagandista anticorrupción Gabriela Castellanos afirmó que la valía de la Corte “crea mucha confusión” y tiene “mucha malicia”. Mentó que las instituciones hondureñas eran demasiado enclenques y precisaban el apoyo de la Maccih para investigar a los mediadores del poder del país. Castellanos dirige el Consejo Franquista Anticorrupción, un clan independiente que estudia casos de corrupción y los demanda en frente de los fiscales.

El nuevo caso de la labor, Pandora, señala que cerca de 12 millones de dólares estadounidenses asignados por la Segregaría de Agricultura y Vacada para programas agrícolas se encauzaron por medio de 2 fundaciones para financiar las campañas electorales. Una parte del peculio fue a tarjetas de descuento en tiendas minoristas que distribuyó el Partido Franquista de Hernández.

Hernández ha dicho que su gobierno cooperará con la Maccih. “Es esencial que se haga probidad”, afirmó. “Nadie está sobre la ley, mas de igual estilo el principio del Estado de derecho, el principio de inocencia, es lo que todos debemos inquirir” .

El fiscal genérico, Óscar Chinchilla, quien fue reelegido y aceptará el cargo el 1 de septiembre, va a tener la labor de garantizar que el caso avance. Si bien ha sido elogiado por muchos, incluyendo la Embajada de USA, los críticos cuestionan su fuertes vínculos al partido gobernante y la fallo de resultados esenciales.

Aunque la primera investigación del año pasado sobre el desfalco de los recursos para el alivio solo mentó a 5 exlegisladores, Jiménez, el exdirector de la Maccih que renunció, afirmó que podrían estar implicados hasta sesenta miembros del Congreso y exlegisladores, incluyendo al poderoso presidente del Congreso hondureño, Mauricio Oliva.

Diputados del Partido Escapado acusan que el fiscal Óscar Chinchilla fue preferido por miembros del Congreso vinculados al caso Pandora, el 29 de junio. CreditOrlando Sierra/Agence France-Presse — Getty Images

Una revisión de los fondos de alivio social hecho para el primer caso prueba de qué forma los fondos públicos se distribuyeron de estilo desorganizada y por qué razón los miembros del Congreso pudieron ocurrir tenido tanta prisa por cerrar dicha investigación.

A partir de 2006, los legisladores han reservado 20 millones de dólares estadounidenses anuales para proyectos en sus distritos. La centro de ese peculio se ha gastado a discreción del presidente del Congreso, que entre 2010 y 2014 fue Hernández, conforme un examen del software efectuado por Democracia sin Fronteras. El Congreso no dio detalles de los gastos que Hernández autorizó a lo largo de esos abriles.

El peculio se destinó a organizaciones sin fines de interés, ciertas vinculadas con los legisladores mismos. Los estudiosos del Consejo Franquista Anticorrupción aseveran que, habitualmente, los proyectos solo se completaron parcialmente o bien no se efectuaron en conjunto, al tiempo que ciertas organizaciones sin fines de interés presentaron fotografías del tesina completado como prueba de que habían terminado su obra.

En 2015, en el plazo de un par de días, 5 miembros del Congreso le escribieron de forma directa a Hernández, ya para entonces presidente del país, para pedir donaciones. Un par de días más tarde, la oficina del líder ordenó el pedido de los fondos, todo para exactamente la misma estructura sin fines de interés, conforme mostraron los documentos.

Recientemente, esa estructura fue denunciada por fraude por el Consejo Franquista Anticorrupción.

Un ejemplo de los nudos entre los legisladores y las organizaciones sin fines de interés es el de Renan Inestroza, un miembro del Congreso de los Diputados del Partido Franquista vinculado con una red de dichas organizaciones que ha recibido cuando menos tres con ocho millones de dólares estadounidenses de las arcas públicas.

Hernández aún encauzó una buena parte del software social insignia de su presidencia, Vida Mejor, a estas asociaciones, incluyendo una para la que su hermana, Hilda Hernández, formaba una parte del consejo ejecutor. Hilda Hernández murió en un accidente de helicóptero en el último mes del año.

En 2013, un año electoral, la estructura relacionada a la hermana del presidente recibió por lo menos tres con tres millones de dólares estadounidenses del fondo de alivio social administrado por Hernández. A lo largo de los próximos 4 abriles, consiguió contratos por un calidad de 71 millones de dólares estadounidenses por la parte de Vida Mejor; fue la estructura que recibió la reflexivo cantidad.

Edmundo Orellana, exfiscal genérico, afirmó que sería bastante difícil para los tribunales y el Congreso sabotear el caso Pandora y “encontrar un mecanismo de impunidad” para los legisladores, mas que indudablemente lo procurarían.

“Creo que la corte será todo lo que resulta posible para eludir que sean juzgados”, afirmó.

Muchos hondureños, intranquilices y molestos, observan lo sucedido con falta de confianza.

“Queremos que los corruptos vayan a la prisión”, manifestó Estefany Pineda, estudiante de 28 abriles. “Queremos probidad, por el hecho de que en este país no se conoce esa palabra”.

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